La actuación judicial contra el presidente catalán, Joana Ortega e Irene Rigau puede influir en las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP para la investidura | El ministro de Justicia explica que la citación no se produjo antes para "no interferir" en las elecciones

El TSJC ha citado a declarar como querellados a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por sus actuaciones en relación a la consulta del 9-N. Como paso previo a su imputación, el presidente de la Generalitat comparecerá en el juzgado el próximo 15 de octubre, mientras que la exvicepresidenta y la consejera de Educación lo harán el día 13. Deberán responder a la querella que la Fiscalía presentó el pasado 21 de noviembre, al entender que, entre otras cuestiones, cometieron un delito de desobediencia por no hacer caso de la suspensión de la consulta decretada por el Tribunal Constitucional.

En el auto en el que el TSJC admitió a trámite la denuncia contra Mas, en el mes de enero, los magistrados apreciaron indicios de que el dirigente nacionalista y dos miembros de su gabinete ignoraron la suspensión cautelar pues “continuaron los actos preparatorios” del sucedáneo de referéndum.

Según aquel auto, mantuvieron la “publicidad institucional” y realizaron “actos administrativos de desarrollo de carácter verbal” o por la “vía de hecho” hasta “llevar a cabo, en edificios públicos de la Generalitat de Cataluña, las votaciones el día 9 de noviembre de 2014”. Los jueces destacaron además que el propio Mas se “responsabilizó públicamente” de todo ello, según aparece en la querella de la Fiscalía.

De “forma indiciaria”, los jueces entendieron que frente a las órdenes de suspensión cautelar “concretas y determinadas” del Tribunal Constitucional, Mas, Ortega y Rigau incurrieron presuntamente en los delitos de desobediencia a resoluciones judiciales, prevaricación y malversación de caudales públicos. Estos delitos implican penas que van de los seis a los 24 meses de inhabilitación para el delito de desobediencia y hasta los 10 años de inhabilitación, para la prevaricación administrativa. Este extremo podría influir en las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP para la investidura del próximo presidente de la Generalitat.

Además de Mas, Ortega y Rigau, han sido citados como testigos la directora de un instituto de L'Hospitalet que se negó a ceder las llaves del centro para que se celebrara la votación, un directivo de la empresa Focus, que gestionó el centro de prensa, la directora del Centro de Iniciativas para la Reinserción de la Consejería de Justicia, que es donde se imprimieron las papeletas, y el responsable de la coordinación del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat.

Fuente: EDM

Yo por más que quiero, la política no es uno de mis fuertes, me da mucha pereza que no importa lo que necesite el pueblo, los políticos nunca harán nada para beneficiar al pueblo, sino a su propio bolsillo. La política es una mafia, está podrida, por eso yo paso de ella...