<< La Guardia Civil ha detenido hoy a 16 responsables políticos de la Junta de Andalucía >>

La juez instructora Mercedes Alaya y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) mantienen abierta desde esta mañana una nueva operación contra el fraude de los cursos de formación, en la que ya se han detenido a 16 responsables políticos de la Junta de Andalucía. Muchos de ellas serían de altos cargos de la Junta de Andalucía vinculados a departamentos de Empleo, según fuentes de la investigación, como un exdelegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

La operación se desarrolla en varias provincias desde primera hora de la mañana, donde se están realizando tanto registros como detenciones. Tras varias actuaciones en los beneficiarios de las subvenciones, en esta ocasión las pesquisas irían encaminadas a los departamentos y servicios de la administración desde los que se concedían y tramitaban las ayudas para los cursos de formación.

El fraude está siendo investigado de forma paralela por varios juzgados y tanto la Policía Nacional -responsable de las últimas detenciones y operaciones conocidas como 'Edu'- como la Guardia Civil. La juez Alaya, todavía al frente del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, es quien ha ordenado estas diligencias dentro de la causa que mantiene bajo secreto de sumario desde el pasado 20 de enero.

La juez tiene abiertas hasta cuatro lineas de investigación diferentes o 'bolsas de fraude' en esta macrocausa. Por un lado, analiza las subvenciones de 85,7 millones de euros que recibió la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro que se convirtió, dice Alaya, en un "instrumento esencial de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración". La juez aprecia irregularidades en la tramitacion de las ayudas extraordinarias que esta entidad entregó por ejemplo a la formación de los ex trabajadores de Delphi, unos 35,9 millones, y otras dos subvenciones cercanas a los 50 millones de euros "sin justificación".

También investiga a los consorcios de las administraciones que recibieron ayudas para actividades formativas por parte de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo mediante "concurrencia no competitiva", es decir, de forma arbitraria. A muchos de ellos se les ha abierto expediente de reintegro desde la propia Junta de Andalucía para que justifiquen el destino de esos fondos.

Según los cálculos realizados por la juez y plasmados en alguno de sus autos, la Junta de Andalucía habría destinado hasta 950 millones de euros a cursos de formación sin que las beneficiarias justificaran el gasto, por lo que decidió impuºtar en la causa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, también implicado en el caso de los ERE fraudulentos.

¿Y vosotros qué opináis?

Fuente: EDM

Me alegran que se tomen medidas contra las cosas fraudulentas que, por desgracia, caracterizan nuestro país